Google no tendrá que vender su navegador Chrome, ni tampoco su sistema operativo Android, pero estará obligado a modificar una serie de prácticas que le han permitido mantener su posición dominante en el mercado de las búsquedas y la distribución de apps. Esa ha sido la decisión del juez federal Amit Mehta, quien desestimó la propuesta del Departamento de Justicia de Estados Unidos de forzar la venta de Chrome como una forma de restaurar la competencia.
La sentencia, que abarca 230 páginas, marca un punto medio entre una sanción estructural drástica y una regulación leve. El tribunal reconoció que Google actuó de forma ilegal para mantener su monopolio en las búsquedas, pero consideró que la solución propuesta por los demandantes iba demasiado lejos. En palabras del juez, los fiscales «excedieron su alcance» al sugerir la división de activos clave como Chrome o Android, que no fueron utilizados directamente para imponer restricciones ilegales.
Límites a los acuerdos exclusivos
Uno de los puntos centrales de la decisión se relaciona con los acuerdos de distribución exclusivos que Google mantenía con fabricantes de dispositivos y socios estratégicos. A partir del fallo, la compañía ya no podrá condicionar el acceso a la Play Store o los acuerdos de participación en ingresos a la instalación previa de sus apps, como Google Search, Google Assistant, Gemini o Chrome.
Hasta ahora, si un fabricante quería tener acceso a la tienda de aplicaciones oficial de Android, debía aceptar una serie de condiciones que incluían la preinstalación y el destaque de apps de Google en sus dispositivos. Esa estrategia limitaba la posibilidad de que otras herramientas o motores de búsqueda ganaran visibilidad entre los usuarios, dificultando la competencia.
El juez Mehta ha puesto fin a estas prácticas, obligando a Google a ofrecer condiciones de distribución más neutrales. De esta forma, los fabricantes podrán decidir qué apps incluir sin que ello condicione su relación con Google, lo que podría abrir espacio para nuevos actores en servicios de voz, navegadores o inteligencia artificial.
El dilema de los acuerdos con Apple y otros socios
Una de las cuestiones más delicadas del caso eran los acuerdos millonarios que Google mantiene con empresas como Apple, mediante los cuales paga grandes sumas para que su buscador sea el predeterminado en Safari y otros entornos. Aunque los fiscales querían terminar con esos pagos, el juez decidió permitirlos, al considerar que su interrupción podría generar daños colaterales.
Según la resolución, eliminar esos acuerdos podría afectar negativamente tanto a los socios de distribución como a los propios consumidores, que se verían privados de una experiencia integrada o enfrentarían mayores costos. La decisión refleja un intento por equilibrar los intereses comerciales con la necesidad de proteger la competencia.
En otras palabras, Google podrá seguir pagando para estar presente en dispositivos ajenos, pero no podrá usar su posición dominante en Android para imponer sus propios servicios dentro del ecosistema sin alternativas reales.
Impacto para el ecosistema Android y el futuro de las apps preinstaladas
Esta decisión podría tener consecuencias tangibles en la experiencia de los usuarios de Android. Si los fabricantes deciden aprovechar la nueva libertad, podríamos ver teléfonos con apps alternativas preinstaladas o con motores de búsqueda distintos al de Google como opción por defecto. Incluso podrían aparecer asistentes virtuales de otras compañías con mayor presencia.
La clave estará en si los fabricantes realmente optan por esta libertad, o si prefieren seguir aceptando pagos por mantener el ecosistema de Google en sus dispositivos. Es una situación comparable a tener la posibilidad de decorar tu casa a tu gusto, pero seguir usando los muebles que ya venían incluidos porque son funcionales y conocidos.
Por otra parte, se espera que la decisión judicial motive una revisión en las estrategias de monetización de Android. Google ha utilizado durante años un modelo de negocio basado en los datos recolectados a través de sus servicios preinstalados. Si pierde parte de esa presencia, podría verse obligada a buscar nuevos mecanismos de ingresos, lo que podría repercutir en el modelo de gratuidad de ciertos servicios.
Un precedente en los casos contra gigantes tecnológicos
El caso contra Google forma parte de una ofensiva más amplia de las autoridades estadounidenses contra las grandes tecnológicas. Al igual que Meta, Amazon o Apple, la compañía se enfrenta a acusaciones de abuso de posición dominante, y este fallo podría marcar una pauta para futuros litigios.
Si bien Google evitó una separación forzosa de sus activos, las limitaciones impuestas podrían ser el punto de partida para una regulación más estricta sobre cómo se integran los servicios digitales dentro de sistemas operativos, plataformas y dispositivos.
El juicio también deja una enseñanza para el resto del sector: el simple dominio de mercado no es ilegal por sí mismo, pero utilizar ese dominio para obstaculizar la entrada de competidores sí puede tener consecuencias legales. Como quien posee una autopista y cobra peaje solo a los autos de otras marcas, lo que se cuestiona no es que tengas la autopista, sino que impidas que otros circulen libremente.
Próximos pasos: apelación y cumplimiento
Aunque Google ha dejado entrever que podría apelar el fallo, de momento no se ha confirmado su próxima jugada. Tampoco está claro cuáles serán los mecanismos de supervisión para garantizar que la empresa cumpla con los nuevos lineamientos.
La decisión judicial también podría abrir un debate más amplio sobre cómo regular a las plataformas digitales sin frenar la innovación. El equilibrio entre libertad de empresa y competencia leal seguirá siendo un tema de discusión en los próximos años.
Mientras tanto, los usuarios podrían empezar a notar cambios sutiles en la configuración de sus dispositivos Android, y los desarrolladores independientes podrían encontrar nuevas oportunidades para destacar sus productos. El tablero se ha movido, aunque las piezas siguen siendo las mismas.
